Para la narcodictadura, todas las manifestaciones opositoras y de la sociedad social, aunque sean pacíficas, se convierten por la presencia de los colectivos que forman parte del PSUV, en violentas, ya que infiltra elementos armados de esa organización parapolicial para así justificar la acción criminal de los cuerpos de exterminio, vale decir, la Guardia Nacional, el SEBIN y otros componentes de las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos han dejado claro que la Resolución 8610 contradice las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Venezuela, a raíz de los hechos violentos ocurridos en 1989, conocidos como El Caracazo cuando para controlarlos el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez puso en marcha el Plan Ávila y sacó al ejército a la calle para restaurar el orden.
Las protestas contra la narcodictadura iniciadas en todo el país a partir del 12 de febrero de 2014 dejaron un saldo de 43 asesinatos y centenares de heridos por porte los cuerpos represivos y los círculos del terror. Igualmente, centenares de presos políticos, que el defensor público califica de políticos presos.
Sobre el particular Inti Rodríguez, investigador de la ONG Provea, acusó al régimen de militarizar el orden público y reveló que dicha institución ve con preocupación la creciente ola de criminalización y represión de las protestas desde que Maduro asumió la presidencia.
Resolución totalmente inconstitucional porque establece necesitar una autorización previa para organizar cualquier marcha y la de declarar como "ilegal" la manifestación en ciertos municipios, bajo la presunción de que se registrarán actos violentos antes incluso de que sucedan.
Además la narcodictadura le ha dado vida a las milicias obreras, comandos antigolpes y brigadas especiales que militarizan más a la sociedad civil y promueven una respuesta de choque ante cualquier conflicto que pueda surgir, en vista del deterioro de la situación económica y el descontento por la alta inflación, la escasez de alimentos y los servicios públicos deficientes que llevaron a los venezolanos a manifestarse en más de 5.400 ocasiones en distintas partes del país, solo en 2014, según la antes mencionada ONG Provea. Por su parte el Observatorio de Conflictividad Social reportó 9.286 protestas, es decir, 26 diarias durante el mismo periodo, la mitad de ellas contra el Gobierno de Maduro.
Según ha denunciado Alexander Cambero la arremetida brutal de la narcodictadura contra la disidencia tiene dos orientaciones, mantenerse en el poder al precio que sea y vengarse de aquellos que hicieron que la imagen internacional del régimen quedara deteriorada. Con la correspondiente mancha imborrable en el testamento imaginario del legado de su comandante eterno.
Este trabajo, una contribución a la memoria histórica de la barbarie castro-chavista- madurista-militarista, ha sido redactado en su totalidad con casos que he tomado de la Web y tiene como propósito fundamental sacarlos de su escondite digital, ordenarlos y darles forma de libro para que las nuevas generaciones, las que desde 1999 a la fecha, mayo de 2022, han conocido solo dos siniestras caras en la presidencia de la República, la del teniente coronel (retirado) Hugo Chávez, quien amenazó con estar siempre en el poder, y la del narcodictador Nicolás Maduro, un autobusero del Metro de Caracas que éste designó como su sucesor, el cual, ha sido eficiente en la destrucción del país que iniciara su mentor político y que no pudo concluir gracias a su muerte en diciembre de 2012, o en marzo de 2013, según la versión que utilicen los lectores para documentar. En todo momento se ha dejado constancia de cada texto. Las fotografías de la portada y los textos tienen el mismo origen digital y así lo declaro.
