La protección penal de la salud conforme a las resoluciones del T

El reconocimiento de la salud como Derecho humano fundamental, tras la segunda guerra mundial del siglo XX, naturalizó, junto a otros efectos, que su protección alcanzase los niveles máximos que permite el ordenamiento jurídico a través de la intervención penal para las afectaciones más graves contra la misma. Esta posibilidad ha generado una doble corriente de interpretación de la salud como Derecho humano y como bien jurídico de interés penal que, dada la importancia que la misma ha recobrado durante la pandemia de la COVID 19, ha obligado al análisis conjunto, al encuentro, de ambos enfoques y de las implicaciones constitucionales y político criminales que conllevan. Este segundo volumen, fruto de la colaboración iniciada en 2022 entre las casas editoriales J.M. Bosch Editor, de España, y Editorial Jurídica Continental, de Costa Rica, aborda la protección penal de la salud conforme a las resoluciones del TEDH y de la corte IDH, siguiendo el modelo de trabajo de la publicación precedente: el estudio de las resoluciones de los dos altos tribunales en materias de interés común en ambas regiones, lo cual permite identificar los puntos de encuentro y las diferencias que los ordenamientos jurídicos de ambas regiones plantean ante la protección de un interés idéntico de carácter universal. Como en la primera colaboración entre las editoriales, Principios y garantías penales y procesales en la doctrina de la CIDH y el TEDH (2022), investigadores españoles y costarricenses afrontan el estudio de las crisis sanitarias, los problemas del consentimiento, las esterilizaciones no consentidas, la fecundación in vitro o los suicidios en prisión, incorporando en el lado del TEDH a nuevos investigadores de la Unión Europea, ampliando, de ese modo, las perspectivas que plantea un tema complejo del mayor interés, facilitando al investigador y al profesional del Derecho comprender mejor las reglas, principios y tendencias que, sobre el tratamiento de la salud de las personas, forma parte de la doctrina vigente de ambos tribunales de Derechos Humanos.